La Sunlight Foundation, una organización sin fines de lucro cuyos objetivos, entre otros, son favorecer la transparencia y el acceso a la información pública, acaba de presentar la segunda versión de las Directrices para Políticas de Datos Abiertos, una recopilación de ideas transformadas en un decálogo de 32 puntos que pretenden convertirse en una guía para el desarrollo de proyectos Opendata en administraciones públicas. Los apartados se enriquecen con ejemplos y casos reales de diferentes administraciones públicas, principalmente de EEUU.
Las 32 directrices se dividen en tres bloques:
- Qué datos deben de ser públicos.
- Cómo hacer los datos públicos.
- Cómo implementar la política.
La mayoría de los puntos están muy relacionados con el uso, acceso y tratamiento de los datos, documentos e información. Y en muchos casos, en consonancia con los objetivos y el trabajo diario de cualquier servicio de información y de Archivo. A continuación se presentan una selección y resumen de algunos de esos elementos sobre qué puede o debe hacer una política de Datos Abiertos:
- Qué datos deben de ser públicos.
1 El valor por defecto de los datos debe de ser abierto. La información y los datos deben estar proactivamente al servicio de los ciudadanos, incluso antes de que se planteen consultas o se solicite información a las administraciones o los partidos gobernantes. Ofrecer por defecto determinados datos, documentos e información permitirá ejercer los derechos de acceso de manera más efectiva a cualquier ciudadano y justificar por parte de los poderes públicos la posibilidad y facilidad del ejercicio de ese derecho, siendo un servicio más de las propias Administraciones.
2 Los datos abiertos se sumarán a las actuales formas de rendición de cuentas de los organismos públicos y a la normativa existente de acceso a la información y los documentos.
3 Exigir la liberación de nueva información aprovechando las posibilidades de un entorno Opendata.
5 y 6. Proteger adecuadamente la información sensible referente a la intimidad personal, la seguridad u otros aspectos. Siempre y cuando estén claramente definidos las condiciones de protección y se eviten lagunas, vacios o categorías genéricas donde se incluyan toda la información y documentación referente a asuntos muy heterogéneos. El interés público primará para determinar si la información es divulgada o no, utilizando frases que justifiquen la restricción del acceso a los documentos e información del tipo «la información en relación con el asunto X está exenta de divulgación y uso, puesto que el daño potencial de su divulgación es mayor que el interés público» y evitar usar frases como «la información sobre el asunto X es de acceso restringido«.
7 Exigir compartir el código o publicar en código abierto. El código utilizado para crear sitios web o sedes electrónicas de organismos públicos pueden ofrecer beneficios adicionales para sacar el máximo partido de la información y de los datos ofrecidos.
- Cómo hacer los datos públicos.
8 Exigir formatos abiertos para la difusión de los datos, su calidad y la permanencia de la información depende de ello. Utilizar estándares abiertos implica desarrollar las mejores prácticas en materia de tecnología y transparencia. Además, los formatos abiertos dan a los ciudadanos, a los gobiernos y a las administraciones las mismas condiciones para obtener el máximo rendimiento de los datos.
9 Exigir que la información pública esté disponible en línea. Las Administraciones y Gobiernos deben de ofrecer sus datos e información a través de portales especializados independientemente de las webs o sedes electrónicas de las instituciones productoras.
10. Eliminar restricciones de acceso a la información. Los datos deben de estar accesibles al público proporcionando un acceso real a los mismos, garantizando su reutilización y eliminando las potenciales restricciones tecnológicas (identificación y registro previos, limitaciones de uso…), en algunos casos causadas por la elección del software. El libre acceso a los datos implica que cualquier persona puede acceder a la información, independientemente del momento, y evitando, en la medida de lo posible, la identificación previa o justificación de uso.
11. Eliminar las restricciones sobre la reutilización de la información. Las restricciones sobre el acceso y la reutilización de la información «no sirven para nada«, salvo para limitar el valor y el uso de la misma. Más allá de la protección de los datos personales, los relativos a la seguridad o a la legalidad, los datos deben de ser totalmente abiertos.
12. Exigir la publicación de metadatos u otros documentos relacionados con los datos. Los metadatos pueden ofrecer información contextual muy práctica y útil para enriquecer los propios datos.
13. Exigir el uso de identificadores únicos. Un identificador único aporta solidez y estabilidad a la información, permitiendo su fácil e inequívoca recuperación y uso.
14. Exigir la digitalización y distribución de recursos de Archivo en los mismos formatos y al mismo tiempo que los datos o información más contemporánea.
15. Crear un portal o sitio web dedicado a la publicación o a la política de datos. Los portales especializados proporcionan un punto de acceso que facilita la distribución de los datos. Además pueden servir para promocionar e informar sobre lotes de datos relativos a determinadas políticas o acciones gubernamentales, favoreciendo así, la transparencia gubernamental y administrativa.
16. Publicar datos por lotes. Se puede proporcionar la capacidad de descargar los conjuntos de datos en su totalidad, o por búsquedas concretas. Este punto es uno de los más fáciles de desarrollar para favorecer la reutilización de los datos e información ofrecida por el gobierno.
17. Crear una API para el acceso a la información. De esta forma los datos también pueden ser recuperados y utilizados por otras bases de datos o aplicaciones.
18. Exigir la presentación de instancias a la administración de manera electrónica. Así los datos recogidos relativos a un asunto o trámite podrán ser tratados en el mismo momento de su recepción.
19. Exigir continua publicación y actualización de los datos. Los datos deben hacerse disponibles según se van generando, es decir, en tiempo real se deben de actualizar los conjuntos de datos disponibles.
20. Crear un punto de acceso a los datos permanente y duradero pensando a largo plazo y ofreciendo información sobre la versión de sus diferentes elementos.
21. Construir los valores, las metas y la misión de la comunidad y el gobierno. La disposición de los datos favorece el apoyo a la labor de los organismos gubernamentales, la valoración de los servicios públicos y estimula la innovación.
- Cómo implementar la política.
22. Crear una autoridad de vigilancia independiente que supervise la ejecución de las políticas Open data, resuelva conflictos y defienda el cumplimiento de los objetivos propuestos, a modo de «Defensor de la Transparencia»
23. Crear normativa o directrices para la implementación del entorno Opendata que consoliden los objetivos y definan los pasos a seguir. Si las diferentes acciones se regulan normativamente es una garantía para su correcto desarrollo y cumplimiento.
24. Crear nuevos derechos legales que permitan a los ciudadanos y público la supervisión de las políticas de datos abiertos.
25. Incorporar las perspectivas públicas a la implementación de políticas que beneficien la participación en la toma de decisiones de todo tipo de colectivos gubernamentales y ajenos al gobierno, puesto que aportarán nuevos y diferentes puntos de vista.
26. Establecer ambiciosos plazos y objetivos para la implementación de las políticas Opendata que documenten la evolución de los proyectos, la identificación de fallos, y su evolución. Si se confecciona un cronograma, éste puede incluir indicadores cualitativos y cuantitativos.
27. Crear procesos que garanticen la calidad de los datos. Y si no se puede garantizar la calidad relativa, por ejemplo, a cuestiones de actualidad o precisión, tampoco puede ser excusa para restringir su divulgación, siempre y cuando se informe de cualquier factor a los potenciales usuarios.
28. Crear una completa lista pública y comprensible de todas las fuentes y recursos de información disponibles, para determinar sus características y evaluar si los recursos están debidamente administrados.
29. Garantizar la financiación suficiente para la ejecución de las políticas de datos abiertos.
30. Condicionar la adjudicación de contratos a los requisitos de transparencia y Opendata para el desarrollo de nuevos sistemas
31. Crear y explorar alianzas entre el sector público y privado. Estas sinergias entre el sector público y privado (asociaciones, expertos, empresas….) pueden identificar diferentes problemas en la prestación de servicios.
32. Exigir la revisión futura de cambios potenciales en la política de Opendata propuesta. La publicación de datos abiertos es un proceso continuo en el que influyen factores de calidad, uso, y revisión de los datos ofrecidos. Una finalidad de la política de datos abiertos es recoger las mejores prácticas actuales y la supervisión continua de sus elementos. Las políticas de datos abiertos deben tener en cuenta que sus objetivos están cambiando continua y rápidamente, necesitando una atención y acción constante.
Algunas fuentes y más información:
- Open Knowledge Foundation (ESP)
- Sunlight Foundation
- Proyecto Transparencia de cuentas públicas (Goteo)
- Fundación Civio
- Drupal Opendata. Working Group
- Socialbiblio. Lasaña de DATA en sopa a la OPEN
- Imagen del Monográfico: Open Data de Universo Abierto de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca